El acuerdo político para la aprobación de la ley de amnistía ha despertado sentimientos encontrados entre algunas de las personas investigadas o juzgadas por el procés independentista catalán.
El acuerdo político para la aprobación de la ley de amnistía ha despertado sentimientos encontrados entre algunas de las personas investigadas o juzgadas por el procés independentista catalán. Los beneficiarios de esta medida excepcional se mueven entre la esperanza de dejar atrás sus problemas judiciales y el escepticismo que les genera la previsible resistencia que encontrará su aplicación por parte de algunos jueces.
“La sensación es de cierto alivio, pero soy prudente, porque quienes tienen que acabar aplicando la ley son los jueces. Hasta que no vea la causa archivada, no echo las campanas al vuelo”, resume Albert Royo, de 46 años, que en 2017 era responsable del órgano de acción exterior del Govern y lleva seis años inmerso en diversos procesos judiciales que amenazan con llevarle a prisión y dejarle en la ruina económica. Después de semanas de incertidumbre, PSOE, Junts y ERC han acordado un redactado definitivo que espera la luz verde del Congreso de los Diputados
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