Ningún profesional de la sanidad pública castellanomanchega quería practicarle un aborto a esta mujer con un embarazo de riesgo porque todos 'son objetores'. Ante esto y la inacción de su hospital de referencia, tendrá que desplazarse 172 km.
María tiene 47 años, una discapacidad del 49% y dificultades para moverse. Lleva una prótesis en la pierna izquierda, una férula en la mano derecha y se apoya en un andador. 'Sufrí un ictus en 2019 y tengo secuelas porque no me lo detectaron a tiempo. De hecho, estoy en juicio por esa negligencia', explica a Público.
El propio equipo de Emiliano García-Page, presidente de esa comunidad, le hizo llegar su preocupación por su caso y se le comunicó que podrían atenderla en una clínica concertada en Madrid. Page le aseguró que la Consejería de Sanidad estaba gestionando la ambulancia que la trasladaría a Madrid. La misma consejería ha confirmado a este medio que la gestión está en marcha.