El grupo parlamentario popular cuestiona la norma que garantiza los derechos de las personas LGTBI, mientras el partido de Abascal impugna la interrupción voluntaria del embarazo
aprobada por el Parlamento en febrero pasado. La admisión de esta impugnación implica que el debate legal sobre la interrupción voluntaria del embarazo vuelve a estar en manos del órgano de garantías, que estudiará las alegaciones del recurso y resolverá por sentencia sobre el encaje constitucional de las modificaciones introducidas por las Cortes en la ley de 2010.
Durante los debates parlamentarios, Vox cuestionó diversos aspectos de la ley revisada, entre ellas que no permitiera la intervención del hombre en las decisiones sobre interrupción del embarazo.
El PP, en cambio, no ha recurrido ante el Constitucional la reforma de la ley de 2010.
Las diferencias entre los planteamientos de Vox y la decisión del PP de no recurrir nuevamente, como en 2010, la legislación sobre el aborto, se han manifestado con claridad, lo que no impidió que ambos partidos sí coincidieran en votar en contra de la reforma aprobada por el Parlamento en febrero último.
Por otra parte, el Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno contra los artículos 2, 3 y 4 del Decreto-ley 5/2022, de 31 de agosto, del Gobierno de Extremadura, por el que se establecen medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura. El Tribunal, tras haber invocado el Gobierno el artículo 161.
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