Un día hace algunos años, Álvaro García Ortiz fue el fiscal más votado de España en las elecciones de la carrera. Una anomalía partiendo de la Unión Progresista de Fiscales, que no es ni mucho menos mayoritaria en una institución eminentemente conservadora. De aquello ha pasado más de un lustro.
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Defiende que no presionó, no influyó para que un fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, cambiase su criterio y descartara los indicios de terrorismo contra Puigdemont. Se ha publicado que sí. El fiscal del caso Tsunami en la Audiencia Nacional ha descartado en varios escritos la existencia de acciones de “matiz terrorista” en esos altercados y también rechaza la implicación de Puigdemont. ¿Tienen sentido dos interpretaciones tan opuestas dentro de la misma institución, como la que hemos conocido esta martes de esos 11 fiscales?
No lo sé. Habría que preguntárselo a ella. No es un encargo, sino que es la forma que tenemos en la Fiscalía de dirimir las discrepancias. Hay dos jefes, cada uno ha sostenido una tesis jurídica y, ante ese sostenimiento de diferentes tesis jurídicas, resuelve el superior jerárquico, que en este caso es la teniente fiscal del Tribunal Supremo.
En el terreno de la opinión puede haber muchas. Yo incluso puedo tener mi propia opinión personal, pero yo soy fiscal general del Estado y no puedo hacer ese tipo de valoraciones que me lleven a una polémica pública en un sentido o en otro. Quiero dejar muy claro que en el terreno de comentar lo que ha ocurrido o lo que pueden decir unas u otras personas no me deben encontrar.
Yo confío en la profesionalidad de todos los fiscales de este país, de todos. Si algún fiscal, en alguna de sus intervenciones públicas o privadas, entra en un conflicto de intereses con algo que ha hecho o que profesionalmente le ocupa, tenemos mecanismos estatutarios para resolverlo a través de los mecanismos de abstención.
¿Cómo recibió la sentencia que le acusa de “desviación de poder” en el ascenso a fiscal de Sala de su predecesora, Dolores Delgado? Los vocales que promovieron esa declaración también le acusaron de estar en “sintonía” con los “promotores” de “campaña de desprestigio” a los miembros de la carrera judicial en relación al ‘lawfare’. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Ellos tendrán que explicarse, no lo tendré que explicar yo. La actividad asociativa es una actividad diversa y que responde a diferentes necesidades o a diferentes motivos por los que se hacen declaraciones públicas. Tampoco he oído una defensa del fiscal superior de Castilla y León; de Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional ... La actividad asociativa es libre de manifestarse como quiera.
Afecta a la Justicia. También a la imagen de la Justicia, pero afecta a la Justicia. Es un órgano constitucional, es un órgano clave en nuestro Estado de Derecho y es un órgano que lleva más de cinco años con su mandato prolongado. ¿Cómo no va a afectar? En muchísimos aspectos y de muchas maneras y sobre todo y también a la imagen.Empezando por los nombramientos, siguiendo por un funcionamiento regular de un sistema.
Una de las cosas más importantes del Estado de Derecho es saber de dónde proceden nuestras legitimidades y saber que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo elige a sus representantes. Ese es el presupuesto de ejercicio de cualquier poder. A partir de ahí se pueden establecer muchos sistemas.
¿Qué pediríamos? Desde luego, recursos para que las víctimas durante el proceso, las unidades de valoración, los equipos psicosociales, las oficinas de denuncias estén lo mejor dotados posible para que todo lo que rodea a una mujer que decide dar el paso de denunciar o poner en conocimiento de la Justicia su situación de dominación o de violencia pueda ser amparada por nosotros y pueda ser protegida. Y, a partir de ahí, se pueden hacer muchas cosas.
Me vuelve a pedir una crítica genérica, una opinión. Yo creo que el Estado de Derecho funciona esencialmente. A veces hay distorsiones que corrige el propio sistema.
En absoluto, en absoluto. El fiscal general del Estado es absolutamente independiente del Gobierno que lo nombró. La dependencia del fiscal general del Estado del Gobierno se remonta a 2007, cuando cada siete días, en el siguiente Consejo de Ministros, un fiscal general podía ser cesado. Al fiscal general del Estado no le puede cesar el Gobierno que lo nombró, tiene un estatus de independencia desde ese mismo momento.
La persecución de la corrupción ha hecho caer políticos, fiscales, algún juez... pero hay una persona que parece escaparse al control contra la corrupción, que es el anterior jefe del Estado. ¿Cree que la sociedad entiende que Juan Carlos I no vaya a ser juzgado por todo lo que hemos conocido?